Por Conrado Yasenza*
El problema de las policías es una deuda histórica que debe resolverse urgentemente, ya que no es posible aceptar en este tiempo de cambios profundos el accionar mafioso y asesino de las fuerzas policiales de nuestro país. Es inadmisible que en un proyecto nacional y popular sigan ocurriendo estos abusos y asesinatos. Las torturas a dos jóvenes que realizaron cinco policías de la División Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Salta, en la comisaría de General Güemes, es la comprobación horrenda del accionar de estos verdugos amparados por el poder.
En el conurbano bonaerense, los intendentes, que reciben fondos de la coparticipación federal, gastan fortunas en cámaras de seguridad ubicadas en las calles (entre otros gastos que sostienen un negocio redondo tanto para los intendentes como para las empresas que les venden el soporte tecnológico cuyo producto es utilizado por los jefes comunales para promocionar sus campañas de seguridad en los medios dominantes quienes a su vez lucran con la publicidad sobre sus benéficos servicios) pero no han colocado ni una sola cámara en comisarías. Este sería un paso importante para realizar un verdadero control - aunque no es sólo este recurso tecnológico el que resolverá el grave problema de las prácticas antidemocráticas e inhumanas de las fuerzas represivas - sobre las policías que aún no han aceptado el proceso transformador iniciado en el 2003. Pero no son solamente las policías sino que estas prácticas herederas de las peores épocas dictatoriales vividas y sufridas por nuestro pueblo, cuentan con la protección (y connivencia) del complejo entramado de poder político-penitenciario judicial.
La Ministra de Seguridad, Nilda Garré, lo ha dicho expresamente: Seguridad sí pero Democrática. Esta decisión importantísima debe ser central en la batalla por un cambio cultural estructural que no parece tener el correlato necesario en el conjunto de la provincias de nuestro país. Para dar algunos ejemplos: En la provincia de Buenos Aires, la reforma que produjo León Arslanián fue anulada con la asunción del alcailde Casal, designado por el Gobernador Scioli, quien le devolvió el control sobre las fuerzas al comisariato. Y este cambio cultural necesario debe darse también en algunos sectores de nuestra sociedad, como las capas medias y medias altas, que han convalidado - y convalidan- el accionar antidemocrático de policías y jueces amparándose en su derecho a sentirse seguros, aunque ese ideal total - distópico- de una sociedad segura para pocos, implique que los sectores postergados sigan siendo las víctimas de la tortura y la muerte a manos de las fuerzas del orden que a su vez reproducen ese modelo fascista y reaccionario en una especie de versión mefistotélica del síndrome de Estocolmo, ya que casi con seguridad han sufrido la discriminación y la pobreza antes de convertirse en verdugos de un polo de poder que aún no ha sido desactivado (El eje es: Poder Político-Policías- Servicios Penitenciarios y Jueces y abogados).
Y como final, el accionar de los medios hegemónicos que en su perversa maquinaria productora de miedo e histeria promueven la idea de una sociedad sitiada por la inseguridad exacerbando ese oscuro rasgo distintivo de amplias capas sociales que ante el temor reaccionan reclamando la infinitamente mentada mano dura pero que se horrorizan, tal vez no tanto, ante el conocimiento de una realidad que desde hace tiempo decidieron negar, asumiendo cierta cuota de complicidad en la convalidación de las peores prácticas policiales y judiciales. Un refrán popular versa: Nada más facscista que la clase media asustada. Y un poema del gran poeta salvadoreño, Roque Dalton, dice: No olvides que aún el menos fascista de los fascistas, es un fascista. Y se sabe, los refranes y los poetas populares, casi siempre, son sabios.
* Periodista, director de La Tecl@ Eñe - Revista Digital de Cultura y Política | www.lateclaene.blogspot.com
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